-Artículo en revista : “Los derechos de la ciudadanía ante la Administración electrónica en la legislación española”, en Revista Aranzadi de Derecho y nuevas tecnologías nº 26, 2011, págs.. 19-45.

LORENZO COTINO HUESO

Profesor titular de Derecho constitucional

Universitat de Valencia

Coordinador de la Red www.derechotics.com

Resumen:

El estudio aborda inicialmente con cierta visión crítica los datos de la e-administración en España y se centra en el importante avance regulatorio que supone la Ley 11/2007, así como la Directiva europea de servicios. No obstante, se critica la casi absoluta falta de regulación del “Open Government” y Gobierno 2.0. Se aborda en general la naturaleza y exigibilidad de los derechos que reconoce la Ley 11/2007. Sobre estas bases, se examina el alcance jurídico del derecho a la relación electrónica y las exigencias jurídicas que derivan del mismo, con especial atención a la posible obligatoriedad de la interactuación electrónica. Igualmente se estudia el estatuto jurídico del administrado electrónicamente,  esto es, los diversos derechos concretos que se reconocen en la Ley 11/2007. También, se aborda la figura del defensor del usuario de la administración electrónica, no desarrollada. Finalmente, se estudia el desarrollo autonómico y local de los derechos y garantías del usuario de la administración electrónica.

I. CARA Y CRUZ DE LA REGULACIÓN DE DERECHOS ANTE UNA E-ADMINISTRACIÓN QUE HA VENIDO PARA QUEDARSE

1. Una e-administración que venido para quedarse

2. La cara: un derecho a la relación electrónica y un estatuto del ciudadano administrado electrónicamente

3. La cruz: “Open Government” y Gobierno 2.0 fuera de la normativa española

II. NATURALEZA Y EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS A LA RELACIÓN ELECTRÓNICA CON LA ADMINISTRACIÓN

1. Los derechos reconocidos en la Ley 11/2007 son mayoritariamente a exigir acciones positivas fácticas o jurídicas

2. La exigibilidad jurídica de los derechos reconocidos y la importancia de la Directiva de servicios

2. 1. La plena exigibilidad de los derechos de la LAE para la Administración General del Estado

2. 2. La no exigibilidad de los derechos LAE para el ámbito local y autonómico

2. 3. La exigibilidad de la relación electrónica con todas las Administraciones en razón de la Directiva de servicios

3. Vías de reacción ante el incumplimiento

III. EL DERECHO A RELACIONARSE ELECTRÓNICAMENTE CON LA ADMINISTRACIÓN (ART. 6. 1º) Y LA IMPOSICIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE HACERLO

1. El derecho a la relación electrónica reconocido en la Ley 11/2007

2. Requisitos para obligar a relacionarse electrónicamente con la Administración

3. Las insuficientes garantías de que la interactuación se ha producido o no

4. La regulación de algunas premisas para que la relación electrónica sea posible y válida

5. Las finalidades para las que se garantiza la relación electrónica

5. 1. El deficiente tratamiento de los derechos del artículo 35 de la Ley 30/1992

5. 2. Otras finalidades para las que se da el derecho a la relación electrónica

5. 3. El –inexistente- derecho al contacto electrónico eficaz, aun fuera del procedimiento

IV. EL ESTATUTO JURÍDICO DEL ADMINISTRADO ELECTRÓNICAMENTE (ART. 6. 2)

1. Derechos que parecen proceder del artículo 35 de la Ley 30/1992 y que adquieren nuevas dimensiones en la e-administración

1. 1. El derecho “estrella” a no aportar los datos obrantes en cualquier Administración

1. 2. El derecho a conocer electrónicamente el estado de los procedimientos, electrónicos o no

1. 3. El derecho a obtener copias electrónicas, esto es, a acceder al expediente

1. 4. El difuso derecho a la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos

2. Derechos de libertad de elección del ciudadano respecto de los medios para la relación electrónica

2. 1. Derechos de elección de canales, las aplicaciones o sistemas

2. 2. Garantía de no discriminación, en especial por las elecciones efectuadas

3. Garantía de premisas de la relación electrónica y frente a los mayores riesgos del entorno electrónico

3. 1. Derechos a obtener y a usar medios de identificación

3. 2. Derecho a la conservación de los documentos en formato electrónico

3. 3. Derecho a la garantía de la seguridad y confidencialidad

V. EL –INEXISTENTE- DEFENSOR DEL USUARIO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL ARTÍCULO 7

VI. EL DESARROLLO AUTONÓMICO Y LOCAL DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DEL USUARIO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA